El Parlamento reta a Maduro con el rechazo de su plan económico

El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, rechazó ayer el decreto de emergencia económica del presidente Maduro por considerar que las medidas previstas en el mismo agravarían la crisis, pueden abrir la puerta a una ola de expropiaciones e incluso permitiría al Gobierno crear una «corralito» para mantener inmovilizado el dinero de los ahorradores. Esta es la primera decisión «fuerte» del nuevo Legislativo venezolano. Si Maduro persevera ahora en su decreto, puede provocar una peligrosa crisis institucional y conducir el país hacia el bloqueo político.

De acuerdo con la ley, el rechazo del Parlamento invalida y deja sin valor jurídico el decreto de Maduro por más que este tenga el apoyo del Tribunal Supremo –controlado por el chavismo–. Sin embargo, el presidente no necesita el aval del Legislativo para lanzar algunas de las medidas que espera ya la sociedad venezolana, como el aumento del precio de la gasolina –la más barata del mundo– o la devaluación de la moneda.

Pero el estado emergencia económica iba demasiado lejos. Permitía «requerir de personas naturales o jurídicas cualquier edificación, maquinaria o medido de transporte que sea necesario», un coladero para las expropiaciones. Preveía «restringir el sistema monetario, así como las transacciones comerciales o financiera», puerta abierta a todo tipo de control de capitales. Y autorizaba a «eliminar los controles legales en materia de contrataciones públicas, importación y nacionalización de mercancías».

La comisión parlamentaria que preside el opositor José Guerra consultó esta semana a economistas, empresarios y profesionales, que coincidieron en expresar su temor a que el decreto desate una nueva ola de expropiaciones y termine de arrasar con lo poco que queda de propiedad privada en Venezuela.

En su informe final recomienda a la Asamblea no aprobar el decreto de emergencia al considerar que sería entregar «un cheque en blanco» a Maduro. Y subraya que el Legislativo no debe abandonar el control sobre el uso de los fondos públicos ni aceptar la «opacidad fiscal» que parece recomendar el presidente.

Responsabilidades

El decreto de Maduro buscaba compartir con el nuevo Parlamento la responsabilidad de la crisis. Pero fue redactado en unos términos tan radicales que hacía imposible que lo aceptase la Asamblea.

Tras la lectura de su informe definitivo de rechazo, la comisión parlamentaria procedió a debatir con los diputados chavistas la decisión adoptada. En paralelo, el presidente Maduro convocaba al Consejo Nacional de Economía para acusar a la oposición de no querer colaborar con la solución de la crisis. «Yo procedí de buena fe, allá ellos», advirtió.

El Parlamento había pedido la comparecencia de varios ministros ante la Cámara para explicar y debatir la situación. Pero el Gobierno se negó a acudir por lo que consideraba un «show mediático». En otras palabras, no quería que trascendiese a la opinión pública datos concretos sobre el alarmante estado de la economía del país. «Sería totalmente irresponsable por parte de la Asamblea aprobar a ciegas un decreto de esta magnitud», afirmó el presidente de la Cámara, Henry Ramos Allup, en referencia a la ausencia de los ministros.

El decreto de Maduro acusa a la «burguesía», a la «oligarquía nacional e internacional» y al «imperialismo» de ser los culpables de la supuesta «guerra económica» y de la crisis. En ningún momento Maduro asumió responsabilidades.


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ABC

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